Mina Marlín

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La mina Marlin de extracción de oro y plata subterránea y a cielo abierto inició sus operaciones en Guatemala el 2005 después de obtener una licencia de explotación otorgada en el 2003. La empresa canadiense GoldCorp compró los derechos a las tierras por medio de negociaciones individuales que derivaron en conflictos entre titulares de derechos privados y derechos colectivos. Tras una licencia otorgada por el Gobierno Guatemalteco, la mina Marlin –operada por Montana Exploradora, una subsidiaria de Goldcorp- comenzó sus operaciones sin una consulta comunitaria previa en la comunidad de San Miguel Ixtahuacán en el Oeste de Guatemala. Actualmente se dice que la mina Marlin es considerada la mina más lucrativa que Goldcorp posee a nivel mundial. Además del impacto en los derechos territoriales colectivos de las comunidades Maya, se ha alegado también daño al derecho a la salud de las comunidades y al medio ambiente alegando que la explotación minera generó un gran impacto, especialmente por la contaminación del agua del río Tzalá y sus afluentes. La empresa sostuvo algunas consultas pero estas no se consideraron de acuerdo con los estándares internacionales por parte de las comunidades ni, posteriormente, por parte de mecanismos internacionales como el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Relator también apreció que la Corporación Financiera Internacional (CFI) no actuó con la diligencia debida en su revisión inicial conducente al financiamiento del proyecto. Ante este escenario las comunidades fueron informándose mediante foros, intentaron detener la operación de las maquinarias y realizaron consultas comunitarias. La gran mayoría de los residentes que participaron en la “consulta comunitaria” se pronunciaron en contra del proyecto. La empresa impugnó la consulta ante la Corte de Constitucionalidad, la cual declaró que el resultado de la consulta no era vinculante, debido a que la obligación de llevar a cabo consultas a las comunidades afectadas por proyectos corresponde al Gobierno central y no a los municipios. El Consejo Municipal de San Miguel Ixtahuacán, donde se ubica el 85% del área del proyecto y el grueso de las actividades de la mina, incluyendo la totalidad de las operaciones extractivas, no ha convocado una consulta comunitaria. El gobierno sostuvo que las consultas de buena fe son válidas pero que “éstas deben ser convocadas y realizadas por los entes administrativos que tienen competencia acerca de los asuntos sobre los que versa la consulta”. El 20 de mayo de 2010, la CIDH solicitó al Gobierno la suspensión del proyecto Marlin I. En abril del 2014, la CIDH emitió un informe de admisibilidad del caso. La mina finalizará operaciones en el 2017. El cierre de Marlin significará la salida de la empresa del país centroamericano ante el deterioro de las condiciones de inversión incluyendo un descenso de los precios del oro.

Tipo de Consulta
Proyecto de minería
Territorios Afectados

Área de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados en las inmediaciones del río Tzalá y Quivichil, en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, Departamentos de San Marcos, Guatemala.

Países
Guatemala